Domínguez denuncia el hachazo fiscal del Gobierno de Andreu a los riojanos para compensar el incremento de altos cargos
El Diputado Regional del PP de La Rioja, Alfonso Domínguez, ha denunciado que “una de las primeras medidas anunciadas por el Gobierno de Concha Andreu sea un hachazo fiscal a los riojanos para recaudar en torno a 40 millones de euros, un incremento en la recaudación dirigido a soportar la macroestructura del Gobierno Regional del PSOE y el coste derivado del incremento de altos cargos y personal de confianza”.
“Frente a un Partido Popular que tiene en su ADN bajar impuestos para reactivar la economía y la generación de empleo, el PSOE de La Rioja prevé una subida generalizada de impuestos a los riojanos. Así, ya han anunciado una subida del IRPF y de los impuestos de Patrimonio, Sucesiones y Donaciones”, ha resaltado.
En este sentido, Alfonso Domínguez ha recordado que el anterior Ejecutivo Regional presidido por José Ignacio Ceniceros acometió la mayor rebaja fiscal de la historia de esta Comunidad, contribuyendo así a la reactivación económica y a la dinamización del mercado laboral de nuestra región.
Alfonso Domínguez ha realizado estas afirmaciones hoy, día 3, con motivo de la comparecencia del Consejero de Hacienda, Celso González, en el Parlamento de La Rioja, en la que ha ejercido de Portavoz del Grupo Popular.
Del mismo modo, el Diputado Regional del PP de La Rioja ha emplazado al Gobierno de Concha Andreu a reivindicar al Gobierno en funciones que proceda, sin más excusas, a abonar las cantidades que adeuda a esta Comunidad en conceptos de entregas a cuenta y liquidación del IVA de 2017, que ha cifrado en 110 millones de €, lo que supone casi el 10% del presupuesto no financiero de la Comunidad Autónoma, una cantidad muy relevante y que puede poner en peligro la prestación de los servicios públicos en nuestra Comunidad.
A su vez, ha interpelado al Consejero de Hacienda sobre su posición en cuanto al recurso contencioso-administrativo para reclamar al Gobierno Central la constitución de la comisión bilateral prevista en el artículo 46 del Estatuto de Autonomía.
